La realización de este Curso tiene como objetivo profundizar en una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado y de forma más profunda, nuestra Carta Magna de 1978. Además, esta tiene la posibilidad de verse desde el punto de vista tanto formal, como material. 

De esta manera, es el alumno se adentrará en el  estudio de  todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluidas las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos. 

El Derecho Constitucional es la rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado se conoce como derecho constitucional. Su objetivo principal es el estudio de la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos.

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Con el estudio de este Curso, el alumno accede a una rama especial del Derecho, concretado en las relaciones de los ciudadanos extranjeros con el Estado y de éstos con los ciudadanos españoles, en sus relaciones, como la entrada y salida del territorio español – residencia de extranjeros en España – y del territorio Schegen, así como obtención de visados de trabajo (visado de residencia por inversión – Golden visa-, visado de tránsito, visado de agrupación familiar, etc.) y de estudios, detención de extranjeros, homologación de títulos extranjeros, matrimonio de extranjeros con españoles, divorcios de ciudadanos extranjeros, exequatur de divorcio. ..etc.

El derecho de extranjería es el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos que el Ordenamiento jurídico internacional subordina su ejercicio al hecho de que la persona, sea cual sea su nacionalidad, (nacional o extranjero), se halle legalmente en el territorio de un Estado. Así se deduce de la literalidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12.1) y del Cuarto Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 2.1).

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Dada la masificación de las grandes urbes, el Planeamiento Urbanístico junto con el Derecho de la Construcción y materias complementarias, cobran un interés inusitado, constituyendo un campo jurídico de gran actualidad, y en el que existen pocos especialistas, pues a las dificultades arquitectónicas se unen las diversas legislaciones existentes. Con el estudio de este Máster, se pretende dar soluciones prácticas al profesional del Derecho que se inicie en este campo.

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El objetivo de este Máster es ofrecer una formación integral a quienes deseen poner en práctica lo aprendido de forma teórica en el Grado o Licenciatura en Derecho, ya sea para desarrollar  el ejercicio de la profesión de Abogado, o bien el asesoramiento en materias jurídicas específicas del Derecho Administrativo y del régimen jurídico de las entidades locales , así como de las ramas del ordenamiento jurídico que condicionan de manera más directa las actuaciones de dichas entidades, tanto a nivel de gestión urbanística, fiscal, contractual como de desarrollo local. Este programa formativo, pretende  proporcionar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para abordar los problemas jurídicos más importantes a los que se enfrentan a diario las administraciones locales y los diferentes actores públicos y privados que interactúan con ellas. La existencia de este Master,  responde a la necesidad de formar a profesionales capacitados para trabajar al servicio de las numerosas entidades locales existentes en España, tanto a nivel autonómico, como provincial y municipal.

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En el presente Curso estudiaremos en profundidad El procedimiento administrativo, que  es el que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública en sus actuaciones y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Administración.
Las Administraciones Públicas actúan con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 de la Constitución Española), teniendo todos los ciudadanos el derecho no sólo de dirigirse a ella, realizando las solicitudes para las que están facultados de conformidad con el ordenamiento jurídico, sino también de oponerse a su actuación cuando la misma no sea adecuada a Derecho.
Finalizada la vía administrativa, los ciudadanos pueden, en su caso, acudir a los órganos jurisdiccionales, al encomendarse a los Tribunales la fiscalización de la “legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican” (art. 106.1 de la Constitución Española).

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En el presente Curso estudiaremos en profundidad el Derecho urbanístico como una rama del Derecho administrativo formada por el conjunto de normas jurídicas que regulan el urbanismo, la ordenación del territorio y el uso del suelo, y por tanto fijan las concretas facultades y obligaciones del propietario del suelo. El urbanismo, como disciplina autónoma, surge de las contradicciones que ofrece la realidad urbana y social de este capitalismo industrial y de su reflujo en la ordenación y estructuración del espacio urbano, espacio que adquiere un valor económico (valor de posición) hasta entonces desconocido. La creación de esta disciplina, iniciada desde el plano político con la figura del técnico de administración pública y desde el plano privado con la formación de pequeños grupos especializados, tiene un desarrollo posterior en las universidades e instituciones profesionales donde se fueron elaborando teorías, técnicas de construcción del espacio físico, metodologías, etc. que constituyen, junto con los precedentes de aquellas intervenciones públicas en materias puntuales como la sanidad o las reglamentaciones sobre las alineaciones de edificios, el caldo de cultivo de la disciplina. La asignatura de Derecho Urbanístico recoge los tres ámbitos de estudio de la misma: planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Para ello se realiza un previo estudio sobre la legislación urbanística, desde una perspectiva histórica, tomando, como una referencia inexcusable, sin perjuicio de la legislación urbanística anterior a la Constitución española y el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que supuso un hito en el reparto competencial de esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Con su análisis se observará que el urbanismo es una materia compleja, donde las competencias estatales, autonómicas y locales concurren, siendo necesario establecer determinados mecanismos de colaboración.

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El presente Curso tiene como objetivo profundizar en una rama del derecho que realiza un estudio sistemático, riguroso y práctico de las principales figuras jurídicas que comprenden el derecho de la edificación. Incluye un análisis exhaustivo y clarificador sobre el contrato de obra. Se realiza un profundo análisis de la jurisprudencia más reciente de los diferentes tribunales. Aborda la normativa vigente tanto a nivel estatal como autonómica. El sector de la edificación es uno de los principales sectores económicos con evidentes repercusiones en el conjunto de la sociedad. En los últimos tiempos el proceso constructivo ha experimentado una profunda transformación, su interés hasta hace relativamente poco tiempo se debía fundamentalmente al auge de la construcción y al aumento de obras lo que conducía a considerables problemas. A estos problemas se añade en estos momentos de actual crisis económica la crisis en el sector inmobiliario. El interés de esta asignatura dirigida en especial a los profesionales del Derecho, radica en el estudio puntual de los principales problemas que se plantean actualmente en el ámbito de la edificación. Materias tales como la promoción inmobiliaria; la ejecución del contrato de obra o el control económico de la misma; los agentes de la edificación; la responsabilidad civil en el proceso constructivo; las garantías y los contratos de transferencia de edificabilidad como, por ejemplo, el derecho de superficie; sobreelevación o permuta de solar por edificación futura; e incluso alguna aproximación al concurso de contratistas; han exigido al mismo tiempo partir de la superación entre derecho público y derecho privado.

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