Este Curso constituye una herramienta básica para quienes quieran dedicarse a procedimientos judiciales del Sector Empresarial, pues aborda de forma práctica y pedagógica los principales procesos referidos a este sector.

El Derecho Concursal es aquella rama del Derecho Mercantil, en la cual el ordenamiento jurídico regula situaciones de insuficiencia económico-financiera, a través de institutos preventivos o liquidatarios, sujetos a la voluntad de las partes o la dirección del poder estático, que expresada en forma de negocio jurídico o resolución de la autoridad competente, tiende a recomponer la relación entre acreedores y deudor en forma íntegra, llámese extinguiéndose la relación por un proceso de ejecución colectiva (judicial o administrativa) o modificándose por un negocio jurídico.

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Con el estudio de este Curso se profundiza en el estudio de la sociedad mercantil. 

Siguiendo el Código Civil (CC), se define como aquella entidad creada por un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias; la entidad creada adquiere personalidad jurídica propia si se cumplen los requisitos legales y el Código de Comercio (CCom) al haber ánimo de lucro la considera siempre mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido correctamente.

Ahora debe ampliarse el concepto al admitirse la sociedad creada por una sola persona, es decir sin contrato asociativo, considerándose como característica de una sociedad mercantil la “afectación de un patrimonio” a conseguir un fin de lucro, operando en el tráfico jurídico como un caso característico de patrimonio separado.

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Con el estudio de este Curso se analiza el nuevo marco regulatorio de la insolvencia de las personas físicas que requiere de una comprensión de la materia por parte de todos los agentes implicados.

El objetivo es garantizar el correcto uso de esta nueva herramienta y, con ello, la seguridad del tráfico económico y jurídico.

La regulación de la Segunda Oportunidad para personas físicas operada tras la entrada en vigor del RDL 1/2015 y posterior Ley 25/2015, junto con las previsiones ya contenidas en nuestro ordenamiento en relación a la exoneración de pasivo de personas jurídicas y empresarios, supone la implantación de un nuevo paradigma en las relaciones jurídicas y económicas.

Lo más destacado del nuevo marco es que permite la superación de la histórica responsabilidad patrimonial universal del deudor, regulando la existencia de un verdadero «fresh start» (nuevo comienzo o segunda oportunidad) para consumidores y empresarios.

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El Derecho mercantil o Derecho comercial rama del Derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Esto es, en términos amplios, la rama del Derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado.

La progresiva internacionalización de los negocios y la necesidad de los poderes públicos de establecer un marco de protección de los consumidores y de mantenimiento de la estabilidad económica y financiera ha venido dando lugar a lo que se conoce como el fenómeno de la «publificación» del Derecho Mercantil, consistente en que son cada vez más y más normas de Derecho público las que se entremezclan con normativa puramente de Derecho privado para salvaguardar dichos intereses. Notable ejemplo lo constituye toda la normativa de supervisión y sanción en materia del sistema financiero, donde todas las sociedades operantes en él y las operaciones que en él se realizan están fuertemente vigiladas. En la mayoría de las legislaciones, leyes y decretos, una relación se considera comercial, y por tanto sujeta al Derecho Mercantil, si es un acto de comercio. El Derecho mercantil actual se refiere a estos actos, de los que lo son intrínsecamente, aunque en muchos casos el sujeto que los realiza no tenga la calidad de comerciante (sistema objetivo); sin perjuicio de ello, existen ordenamientos jurídicos en que el sistema es subjetivo, con base en la empresa, regulando tanto su estatuto jurídico, como el ejercicio de la actividad económica, en sus relaciones contractuales que mantienen los empresarios entre ellos y con terceros. Existen cinco características definitorias básicas del Derecho Mercantil:

– Es un derecho profesional, creado y desarrollado para resolver los conflictos y la actividad propia de los empresarios.

– Es un derecho individualista; al ser una parte del derecho privado que regula las relaciones entre particulares y por lo tanto deja de lado aquellas relaciones jurídicas en las cuales intervienen los poderes públicos.

– Es un derecho consuetudinario ya que a pesar de estar codificado se basa en la tradición, en la costumbre de los comerciantes.

– Es un derecho progresivo. Al mismo tiempo que evolucionan las condiciones sociales y económicas el derecho mercantil ha de ir actualizándose.

– Es un derecho global / internacionalizado; las relaciones económicas cada vez son más internacionales por lo que este derecho ha tenido que hacerlo también, para lo cual diversos organismos trabajan en su normativización internacional.

Así tenemos a UNCITRAL de las Naciones Unidas, UNIDROT, a la Cámara de Comercio Internacional de París que desarrolla los Incoterm (cláusulas que con carácter internacional se aplican a las transacciones internacionales), la Asociación Legal Internacional y el Comité Marítimo Internacional.

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Con el estudio de este Seminario, se analiza el nuevo marco regulatorio de la insolvencia de las personas físicas que requiere de una comprensión de la materia por parte de todos los agentes implicados. El objetivo es garantizar el correcto uso de esta nueva herramienta y, con ello, la seguridad del tráfico económico y jurídico.La regulación de la Segunda Oportunidad para personas físicas operada tras la entrada en vigor del RDL 1/2015 y posterior Ley 25/2015, junto con las previsiones ya contenidas en nuestro ordenamiento en relación a la exoneración de pasivo de personas jurídicas y empresarios, supone la implantación de un nuevo paradigma en las relaciones jurídicas y económicas. Lo más destacado del nuevo marco es que permite la superación de la histórica responsabilidad patrimonial universal del deudor, regulando la existencia de un verdadero «fresh start» (nuevo comienzo o segunda oportunidad) para consumidores y empresarios.

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Con el estudio de este Seminario se profundiza en el estudio de La sociedad mercantil. Siguiendo el Código Civil (CC), se define como aquella entidad creada por un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias; la entidad creada adquiere personalidad jurídica propia si se cumplen los requisitos legales y el Código de Comercio (CCom) al haber ánimo de lucro la considera siempre mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido correctamente. Ahora debe ampliarse el concepto al admitirse la sociedad creada por una sola persona, es decir sin contrato asociativo, considerándose como característica de una sociedad mercantil la “afectación de un patrimonio” a conseguir un fin de lucro, operando en el tráfico jurídico como un caso característico de patrimonio separado.

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El Derecho bancario es el conjunto de todas las normas legales, reglamentarias y administrativas que regulan lo relacionado con las actividades bancarias, considerando como tales las propias de los bancos y las de aquellas entidades del sector financiero que han sido asimiladas a los bancos a los efectos de someterlas a las mismas normas de regulación.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta la existencia de una regulación especializada por tipo de entidad (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, crédito oficial, entidades de financiación, etcétera). El Derecho Bancario no es una parte autónoma del Derecho, en el sentido que sus principios resulten tan peculiares y excepcionales frente a otras ramas, que puede considerárselos científicamente como independientes.

El objetivo del Programa es ayudar a los participantes, y a las organizaciones que los emplean, a potenciar su desempeño directivo y profesional. Durante el periodo de formación se adquieren unos sólidos fundamentos teórico-prácticos del ordenamiento jurídico bancario, del entorno financiero, así como de las herramientas de análisis y las habilidades necesarias para facilitar, desarrollar y familiarizar a los participantes con la toma de decisiones jurídico-financieras en sus respectivos campos de actuación.

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