La aprobación de la Ley 5 / 2012 de 6 de julio, y su posterior desarrollo en el RD 980/2013 ha impulsado de manera asombrosa la Mediación como una vía más para la resolución de conflictos. El coste de los procesos judiciales más comunes (los civiles) se ha disparado en parte por la aplicación de las tan controvertidas tasas judiciales, así como los plazos en que se ventilan los asuntos, configuran la Mediación como una alternativa real a la jurisdicción ordinaria.
Quizá en España no estemos muy acostumbrados a resolver los conflictos sin acudir a visitar al Juez, pero en otros países es una actividad muy utilizada y que descarga de trabajo a los Juzgados, que se encargan de dirimir controversias de mayor envergadura y que por una razón u otra no pueden ser resueltos de manera cordial.
En la mediación, lo importante es el acuerdo, no hay ganadores, perdedores ni condenados, sino que ambas partes integrantes del conflicto “ganan” y consiguen que lo que en un principio era una controversia, se convierta en un acuerdo que ambas partes se comprometen a llevar a cabo, obteniendo ambos resultados satisfactorios con la ayuda del Mediador, que se encargará de llevarlos a ese entendimiento.
El acuerdo, podrá ser elevado a público para otorgarle fuerza, por lo que las garantías son mayores.
A fin de “profesionalizar” la Mediación, el Ministerio de Justicia, puso en marcha el Registro de Mediadores, de carácter público, para así otorgar publicidad a los profesionales en el ámbito de la mediación, y asegurar a los que soliciten sus servicios que cumplirán con garantías su comedido. Los allí inscritos, supervisada la inscripción por el propio Registro, deben contar con un Título Universitario o Formación Profesional Superior, formación en materia de Mediación conforme a la ley 5/2012 y el RD 980/2013 y tener contratado un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.
Quizá ha llegado el momento de cambiar la visión de la justicia, y apostar por la Mediación como una alternativa real, y una profesión con futuro.
