Nuestros queridos legisladores, como siempre han querido ser “pioneros” , y es por ello que el gigante de la informática Google ha decidido cerrar en nuestro país su servicio de selección de noticias Google News.
Con la aprobación de la Ley 21/2014 de Propiedad Intelectual, Google News ha tenido literalmente que “huir” de España, ya que su nueva y flamante legislación sobre Propiedad Intelectual, obliga, aunque no se quiera, a las publicaciones que fueran “enlazadas” por Google a cobrar por dicha reproducción, cuando el servicio ofrecido por la compañía de Mountain View carecía de ánimo de lucro. Google es una gran empresa, de eso no cabe duda, pero no está dispuesta (como es lógico) a regalar su dinero.
La nueva redacción del artículo 32 configura como Derecho irrenunciable, la percepción de una compensación económica por dicha reproducción, todo ello con la intermediación de las llamadas entidades de gestión de los derechos de autor.
Intermediación esta que casi seguro no se realizará de manera desinteresada, sino que dichas entidades, también recibirán dinero por dicha “gestión” y, al final, alguien que trabajaba de manera desinteresada, se ve abocado a dejar de hacerlo.
Como quiera que sea, y como casi siempre ocurre, el perjudicado es el usuario final quien, ha visto mermada su capacidad y derecho a la información, ya que en Google News de manera rápida se encontraba una recopilación de las noticias más relevantes casi en tiempo real.
Evidentemente no estamos ante una cercenación completa del derecho a la información, ¡sólo faltaba eso!, pero si es cierto que el poder legislativo con esta reforma, se ha preocupado más de contentar a un sector muy concreto de la población (los creadores), que de facilitar el acceso a la información al resto de ciudadanos, y esto a la larga crea cierta insatisfacción en la ciudadanía. De hecho, el «enlazar» noticias no parece que sea una reproducción ilegítima de un contenido protegido por los derechos de autor, máxime cuando de esa supuesta reproducción no se percibe retribución alguna. Al contrario, dicha pequeña reproducción tan solo actúa de reclamo para que el lector acabe entrando en la página del autor.
Quizá es un problema de la “sobrelegislación” que existe en España, donde todo, por sencillo y simple que pueda parecer, cuenta con una Ley, Reglamento u norma que lo regule, dando muchas veces a estos “sinsentidos” de obligar a cobrar a quien no quiere hacerlo, y casi por darle publicidad ¿Dónde se ha visto eso?
