Hablar de 2020, tratando de ser esquivo con la crisis sanitaria causada por la pandemia de covid-19, es muy complicado sin ver sus efectos no solo en el día a día de la sociedad, sino también en el ámbito de la Administración de Justicia y de la compleja labor desarrollada tanto por sus funcionarios como por Abogados y Procuradores.
Si algo debemos haber aprendido en este 2020 es que no estábamos preparados
En la primera ola, comportó el indeseado confinamiento domiciliar, el distanciamiento social y el escabroso parón de muchos sectores, algunos considerados de servicios esenciales, como los de la Administración de justicia con el cierre generalizado de juzgados y tribunales, salvo algunas excepciones. Esta situación se fue prolongando, superada ya la cuarentena, más allá de finales de junio viniendo a colapsar los juzgados irremisiblemente ante una insostenible avalancha de reclamaciones, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la justicia y de sus profesionales..
Esa suspensión o interrupción de la actividad constituye una medida inédita. El maldito virus ha pillado desprevenido al aparato judicial, infradotado secularmente, con un andamiaje arcaico y obsoleto, alejado de la indispensable modernización, que padece la notoria carencia en la transformación digital, sin crearse entornos virtuales apropiados para dar continuidad a la actividad jurisdiccional, máxime en contingencias como la presente. Ello contrasta con la situación, por ejemplo, de la Agencia Tributaria, dotada de recursos y herramientas tecnológicas que le permiten seguir operativa. Es por ello que mientras una Administración quedaba a la intemperie, dejando al aire sus “vergüenzas”, otra se desarrollaba sin freno alguno, cumpliendo con el calendario fiscal a pesar de haber podido aplazar el pago de algunos tributos.
En nuestro país la existencia del teletrabajo solo se había llevado a cabo de forma incipiente en algunas empresas pioneras con la implementación de nuevas tecnologías y plataformas digitales, con acceso remoto a aplicaciones, uso de la videoconferencia, correo electrónico, DNI electrónico, etcétera. En el ámbito de la justicia tan solo se dispone de la presentación telemática de escritos a través de Lexnet y de la videoconferencia, con deficiencias, y en la jurisdicción penal sigue sin desarrollarse el expediente electrónico. Para ello resulta fundamental la inversión, la dotación de medios, la formación en el ámbito telemático no solo del ciudadano en su acceso a la Administración de Justicia, sino también de los profesionales que precisan de medios ágiles y apropiados para sobrevivir en medio de esta crisis sanitaria y social.
Si algo debemos haber aprendido en este 2020 es que no estábamos preparados, que todo se puede mejorar y que la Administración de Justicia no ha de escapar a la evolución y capacidad de adaptación que se exige al ciudadano de a pie.
